La Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco ratifica el paro por 24 horas y sin asistencia a los lugares de trabajo definido por Asamblea General Extraordinaria para el día viernes 27 de septiembre, para todo el territorio provincial.
Desde este gremio la voluntad manifiesta fue y seguirá siendo promover el diálogo con todos los sectores. Ante la comunicación recibida de parte del Superior Tribunal de Justicia, del contenido del acuerdo de fecha 24 de septiembre, basada en exhortaciones precedentes, advertimos que la realidad del trabajador judicial no es la misma hoy, por lo que solicitamos al Alto Cuerpo que reconsidere su postura teniendo en cuenta la pulverización del salario de los trabajadores judiciales a su cargo, quienes masivamente reclaman que se los incluya en los beneficios salariales otorgados a magistrados y funcionarios.
En Marzo del 2018, el Gobierno Provincial impuso el decreto Nº492 que otorga un 30% más a la bonificación por título únicamente para magistrados y funcionarios dejando de lado al resto del personal, Desde esta dirigencia se agotaron las vías administrativas de reclamo sin tener respuestas concretas de ninguno de los tres poderes estatales. En julio y agosto de este año el Ejecutivo vuelve a decretar un aumento diferenciado para magistrados y funcionarios con los decretos Nº 2761/19 y 3033/19, beneficiándolos en un 50% más y discriminando al resto del personal.
El Gobierno, en estos últimos años, no dispuso una real paritaria con todos los gremios judiciales, con imposiciones que empujan a la pobreza a los trabajadores judiciales, solamente avaladas por un gremio. En este momento el resto de los empleados judiciales no se ven representados por ése sindicato ya que por acción u omisión permiten este tipo de políticas. Con la política salarial que imponen para el poder judicial se vulneran los derechos de los trabajadores, se viola la Ley Nro. 468-A (Antes Ley 2895) de porcentualidad, se incumple con la Constitución Provincial del Chaco, y con derechos y garantías constitucionales.
Finalmente sabemos que en la justicia debe primar la racionalidad y la protección efectiva de los derechos constitucionales, operativos y aplicables para la ciudadanía en general. El Superior Tribunal de Justicia ordenó para el personal policial y municipal, el blanqueamiento de montos en negro mientras sigue permitiendo estos pagos ilegales para el personal judicial.
