Difunden los mensajes y amenazas de dirigentes piqueteros a beneficiarios de asistencia alimentaria y comedores

Se trata de varios chats que la Justicia analiza en el marco de la causa que hoy se hizo pública y que involucra a delegados y referentes de distintas organizaciones sociales por presuntos aprietes y extorsión a personas en situación de vulnerabilidad. Los casos fueron denunciados primero en la línea telefónica que puso en funcionamiento el Gobierno nacional para identificar situaciones de ese tipo.

En uno de los mensajes se puede leer lo siguientes: “Patry, quería saber si me toca la mercadería. Estoy castigada”. El escrito iba a destinado según la Justicia a  Patricia Iramain, delegada, quien había advertido en mensaje de grupo la lista de nombres diciendo: “Buenas noches compañeros. Estos son los que no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones”.

Las frases, a las que accedió Infobae, forman parte de las pruebas que analiza el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación que hoy se hizo pública cuando se ordenaron una serie de allanamientos a distintas agrupaciones piqueteras. La denuncia analiza si se extorsionó a personas vulnerables con la entrega de mercadería entregada por el Estado a cambio de asistir a marchas, bajo amenaza de perder el plan social.

En diciembre de 2023, apenas comenzó el gobierno de Javier Milei, el Gobierno invitó a denunciar a la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación si los beneficiarios de planes sociales eran extorsionados por organizaciones piqueteras: hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse un total de 2.720. De ellas quedaron en pie 924 denuncias, divididas en todo el país: 45 en CABA, 159 que no detallaron el lugar y otras 720 en otras jurisdicciones. De esas 45 denuncias “porteñas”, el fiscal Pollicita, a cargo de la investigación, citó a todos. Solo siete acudieron a los tribunales. Con miedo, declararon.

Los chats analizados

El Departamento de Crimen Organizado de la PFA efectuó las tareas de investigación, tanto en redes sociales y fuentes abiertas como en los domicilios vinculados, que permitieron identificar a los referentes denunciados, corroborar o descartar su condición de tales, determinar la vinculación que tuvieren entre sí y localizar su lugar de actuación y su domicilio particular.

Mientras tanto, la Fiscalía obtuvo numerosos informes y expedientes administrativos provenientes de compañías telefónicas, del Ministerio de Capital Humano de la Nación, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y de la AFIP. Todo ello, para la fiscalía, fue conformando un cuadro probatorio que siguió con intervenciones telefónica de los sospechosos, con los listados de comunicaciones y activación de antenas.

En base a eso, la fiscalía estableció que “al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social.

Se trata de personas en situación de alta vulnerabilidad social, y dicha exigencia se hacía bajo diversos conceptos como “cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”. O para cobrarles por la entrega de alimento, pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional, u obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional, quedándose los acusados con la ganancia, y/o forzarlos a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas a las que pertenecen, e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales”.

Todo ello, dice el dictamen, ocurrió “bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería.”

A su vez, se comprobó también que, para sostener la duración en el tiempo y garantizar el funcionamiento de esta actividad, se implementó un sistema de control y de sanciones sobre las víctimas, que incluyó la toma de asistencia a las “movilizaciones” —al comienzo y al final—, la confección de “listas de castigados” —que debían “reparar” su sanción mediante el cumplimiento de nuevas tareas—, la imposición de multas por faltar a una “marcha” —de hasta $10.000 por cada ausencia—, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos —turnos médicos, trámites, etc.—, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos —por plazos determinados, según cada “incumplimiento”—, entre otros mecanismos.

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Fuente: Infobae.