La crisis yerbatera se agrava: productores frenan la zafra y Santilli viaja de urgencia a Misiones

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La desregulación decretada por el gobierno de Javier Milei, que eliminó la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios mínimos, detonó una crisis sin precedentes en Misiones. Más de cien productores decidieron suspender la zafra de verano de diciembre al advertir que la actividad ya opera con pérdidas y que unas 12.500 familias están al borde del quebranto.

Hoy, el kilo de hoja verde se paga $285 mientras producirlo cuesta $425. A esto se suman pagos diferidos de hasta 120 días y una presión adicional del nuevo decreto, que empuja aún más hacia abajo el precio en chacra, sin que esa rebaja llegue al consumidor final. En asambleas realizadas en Campo Grande, San Vicente, Aristóbulo del Valle, Oberá, Campo Viera, Panambí y Puerto Rico, se tomó la decisión de frenar la zafriña ante un escenario considerado “insostenible”.

La productora Luisa Fleitas expresó el sentimiento que domina en las chacras: “Es un jaque mate para las familias productoras. Nunca se vieron tantas chacras en venta. No queremos que las corporaciones nos saquen de nuestras tierras. La yerba es nuestra identidad.”

En este contexto, el dirigente opositor Diego Santilli llega este martes a Misiones para reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua. El mandatario provincial anticipó que planteará “revisar los efectos del decreto, proteger a la producción primaria y evitar un proceso de concentración que avance sobre las chacras familiares”. La visita ocurre en un momento de tensión económica y política, con cooperativas e intendentes reclamando urgencia.

La misma crisis se replica en Corrientes, donde productores de Santo Tomé, Virasoro, Colonia Unión e Ituzaingó describen idéntica situación: precios que no cubren los costos, pagos diferidos y chacras en venta ante el avance de grandes secaderos y molinos. Sin un precio sostén y sin el INYM como árbitro, la cadena queda dominada por la industria y miles de familias productoras quedan expuestas a un derrumbe de ingresos que amenaza con desmantelar la economía regional.

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