A más de un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, la causa judicial entra en una etapa clave. El próximo viernes 27 de febrero, desde las 9.30, se realizará en la ciudad de Corrientes la audiencia preliminar que ordenará el rumbo del juicio oral contra los 17 acusados en una de las investigaciones más complejas y sensibles de los últimos años.
La instancia se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes y será determinante para definir qué pruebas serán admitidas, qué testigos declararán y cuáles serán los ejes técnicos que estructurarán el debate. Aunque todavía no se fijó la fecha de inicio del juicio oral, esta audiencia delimitará el material probatorio que llegará a la etapa de oralidad.
Una causa federal y la unificación de expedientes
Tras controversias sobre la competencia, en noviembre de 2025 la Justicia confirmó que el expediente debía tramitar en el fuero federal. La investigación, que había comenzado en la órbita provincial, fue elevada al Juzgado Federal de Goya, donde se sustanció buena parte de la instrucción.
Los tribunales resolvieron además unificar dos causas conexas: la principal, por la desaparición del menor, y otra vinculada al presunto desvío y obstrucción de la investigación. La decisión implica que todos los hechos serán analizados en un mismo debate, al considerar que las pruebas y los imputados están estrechamente relacionados.
En total, serán 17 los acusados que llegarán al juicio. Siete de ellos están imputados por sustracción y ocultamiento del menor: Laudelina Peña, Walter Adrián Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Mónica del Carmen Millapi, Bernardino Antonio Benítez y Daniel Oscar Ramírez.
A ese grupo se suman otros diez acusados por delitos como privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos: Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.
El tribunal estará integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. Ceroleni es el único magistrado correntino del panel, mientras que sus colegas provienen de otras jurisdicciones, una modalidad habitual en causas de alto impacto público.
Debate sobre pruebas y reconstrucción
En la antesala de la audiencia, la querella que representa a la familia del niño solicitó una reconstrucción presencial de los hechos en el paraje Algarrobal, donde Loan fue visto por última vez. El pedido incluye registro audiovisual, mediciones de distancias, análisis de accesos y puntos de visibilidad, con el objetivo de esclarecer la mecánica de lo ocurrido.
También se requirieron nuevas pericias técnicas sobre las comunicaciones entre los imputados, incluyendo un estudio de patrones de contacto y una “jerarquización relacional objetiva” para determinar posibles vínculos relevantes dentro del grupo acusado. Estas medidas no fueron realizadas durante la instrucción y podrían incorporarse antes del inicio del juicio.
La querella adhirió además a la mayoría de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Fiscal, que propuso 161 testigos para el debate y dejó en reserva otras 588 declaraciones, junto con registros audiovisuales obtenidos bajo el procedimiento de Cámara Gesell.
Búsqueda sin resultados y reclamo social
Mientras avanza el proceso judicial, la búsqueda de Loan continúa sin novedades sobre su paradero. En enero, las autoridades difundieron una actualización digital de su rostro mediante inteligencia artificial para renovar la difusión pública, y la recompensa para quienes aporten datos certeros fue elevada a 20 millones de pesos.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de casación contra una limitación temporal impuesta por un tribunal federal, al considerar que el plazo de dos meses fijado para determinadas diligencias resulta insuficiente para una causa de tal complejidad.
La desaparición de Loan no solo dio lugar a una investigación judicial sin precedentes en la provincia, sino que también mantiene vigente el reclamo social por mayor eficacia y coordinación en la búsqueda de menores extraviados en el país. La audiencia del 27 de febrero marcará un punto de inflexión en un proceso que aún espera respuestas.
