La provincia de Santa Fe tomó una postura firme ante las amenazas de tiroteos en escuelas, ya que determinaron que aquellos que se nieguen a pagar las intimaciones económicas emitidas por el gobierno provincial enfrentarán acciones judiciales. Así lo confirmó este jueves la vocera Virginia Coudannes, en una conferencia de prensa.
Tras la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal el pasado 30 de marzo, las autoridades santafesinas endurecieron su respuesta ante las amenazas de ataques en establecimientos educativos. El mecanismo elegido fue la emisión de intimaciones millonarias a las familias de los adolescentes identificados como responsables de esas amenazas, con el argumento de que los operativos desplegados por el Estado tienen un costo que debe ser cubierto por quienes los provocaron.
Dos posturas ante los hechos de amenazas
Ante la negativa de al menos una familia de la capital provincial a abonar esa intimación y la impugnación legal presentada por el abogado Rodolfo Mingarini, la vocera del gobierno provincial fue contundente. Señaló que los casos en que los responsables de los adolescentes se nieguen a pagar o no puedan hacerlo serán derivados a la Justicia: “Es el procedimiento. Luego, tendrán que estar comprometidos con esa causa judicial”, afirmó en diálogo con medios locales.
El abogado Mingarini sostuvo que no existe un daño concreto que justifique las intimaciones y que no es posible criminalizar a un adolescente por este tipo de conducta. “No justifican ningún detalle del operativo. Podrían haber sido 6 millones, como 10 millones o 20 mil pesos. No se trata de un incumplimiento contractual, ni de daño por un delito. No se puede cobrar multa si no hay una ley previa porque esto no se puede resolver ni por la disposición de un ministro y ni siquiera por un decreto del gobernador», sostuvo.
