Conseguir dólar oficial durante el período 2019 – 2023 era algo impensado para los argentinos, hasta utópico, pero tal vez una minoría seleccionada haya tenido permisos irrestrictos para hacerse de ellos. La Justicia investiga un complejo entramado de presunta corrupción y coimas durante la última etapa de la gestión de Alberto Fernández, que tuvo al líder del Frente Renovador con poderes prácticamente ilimitados en su rol de ‘superministro’.
Una de las claves para entender el caso que tiene a Ariel Lijo como juez de la causa y al fiscal Franco Picardi como encargado de la investigación es lo que se conoce como SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina).
Dicha iniciativa fue implementada en 2022, precisamente en el mes de octubre, con el fin de controlar y solucionar el movimiento de dólares en un momento de crisis evidente. Pero la Justicia no descarta que haya servido para ejecutar maniobras irregulares y enriquecimiento ilícito.
Entre los elementos que analiza Picardi se encuentran, por ejemplo y como dato no menor, una serie de retornos cercanos al 10% y el 15% del precio de importación en lo que se refiere a los billetes estadounidenses. Esto, sospecha el fiscal, para darle luz verde a solicitudes en tiempo récord que jamás consiguió un ciudadano común.
Pero también la Justicia hace hincapié en la brecha cambiaria que superó el 100% y llegó al 200%, ya que conseguir dólares oficiales representaba un beneficio directo o misión imposible para la mayoría de los ciudadanos argentinos.
Con el SIRA aprobado, el beneficiario podía comprar la divisa a un valor aproximado de $350 o menos. Lo que llevaba posteriormente los activos a valor del dólar ‘blue’ con una ganancia sin precedentes.
Coronitas y privilegios
La entrega discrecional de los permisos es algo que cada vez toma más fuerza para el fiscal.
Hay funcionarios del BCRA (del área de supervisión de entidades no financieras) imputados por estas maniobras. Se sabe oficialmente que hasta el momento son cinco los apuntados por la Justicia.
Se los acusa de allanar el camino para que unos pocos entren al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC): específicamente empresas con nexos al poder de turno, que hasta habrían falsificado importaciones y luego realizado operaciones con casas de cambio sin inspecciones ni controles de ningún tipo.
Cabe mencionar, por ejemplo, el caso del ex marido de Jessica Cirio: Elías Piccirillo. O los movimientos que superaron los 200 millones de dólares en solo seis meses ejecutadas por una sola empresa o financiera; mientras que miles de pymes y emprendedores tuvieron que cerrar o paralizar sus tareas.
El rol de Sergio Massa
Aunque Massa haya impulsado denuncias, el fiscal tiene sus dudas y desconfía del accionar del ex candidato a presidente del espacio Unión por la Patria en las últimas elecciones presidenciales.
Picardi pone énfasis en el poder que adquirió Massa dentro del Gobierno de Alberto Fernández: tenía a su cargo nada más y nada menos que la Secretaría de Comercio, Aduana y relación directa con los directivos más importantes del BCRA.
El fiscal descree completamente que una red compleja, con tantos millones en juego y moviéndose sin control, escape al principal funcionario de la gestión gubernamental nacional.
A todo esto, teniendo como aproximado total de importaciones en 2023 unos USD 75.000 millones, la Justicia considera que aunque se hayan llevado apenas un 1%, el negocio fue redondo.
Banco Central ¿Saqueado?
El vaciamiento del que habló Milei al asumir su gestión se basó en situaciones puntuales. El Gobierno de Alberto Fernández terminó con números en rojo gravísimos: deudas con importadores por encima de los USD 50.000 millones (mediante SIRA otorgadas pero no pagadas en el momento que debían pagarse) y reservas netas por el piso.
La Justicia por estos días tiene fuertes sospechas de corrupción, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita con el cepo cambiario y las coimas como herramienta de control, asfixia y básicamente la decisión final sobre la supervivencia o ruina de miles de pequeñas y medianas empresas, emprendedores y ciudadanos en general que vieron su bolsillo desahuciado por la inflación.
